“No queremos revocatorio porque
hemos sido defensores del derecho a gobernar”
Elías Jaua
La cita que antecede evidencia la falta de
talante democrático de quienes sostienen y defienden la revolución bolivariana.
En palabras del diputado Elías Jaua “gobernar es su derecho”, y aunque tal
afirmación revele una gran confusión moral, ideológica y legal entre el derecho
a ser elegido y el deber de gobernar y rendir cuentas, ella explica en buena manera
la debilidad de nuestra democracia, la irracionalidad revolucionaria y el reto que
implica recuperar la institucionalidad en Venezuela.
El “derecho a ser elegido” es indudablemente
un derecho político y fundamental de los ciudadanos en democracia, enmarcado dentro
de los derechos políticos y las responsabilidades constitucionales inherentes a
su ejercicio; no así el “derecho a gobernar”, que si acaso
existiera tal majadería, podría referirse a un derecho extinto y anacrónico, supraconstitucional
o divino, propio de reyes y monarquías absolutistas, que asumían gobernar como un
derecho eterno que no estaba sometido a la soberanía y voluntad de los ciudadanos,
ni subordinado a los límites del balance contralor y recíproco de poderes
tradicional en las repúblicas democráticas modernas.
Esta absurda afirmación del diputado Jaua
es una tontería; está claro y sin duda lo es, pero inquieta en cuanto a que
también representa una confesión de quienes luego de ser elegidos por el voto
popular, consideran gobernar como un derecho y no un deber, una responsabilidad
ciudadana sometida a los límites y controles legales, soberano popular y de los
demás órganos públicos, derecho este que además aspiran como supremo y eterno,
aún cuando esa aspiración viole flagrantemente el marco constitucional, democrático
y republicano originario de esa representatividad.
Esta visión del poder como derecho y no como
deber, por absurda que parezca, es lo que impide aceptar a quien así se expresa
ser desplazado políticamente, alternado democráticamente o revocado constitucionalmente.
Esta aspiración similar al “L'État,
c'est moi” («El Estado soy yo») de “Luis
El Grande” y parafraseada en Maracaibo por “Hugo El Supremo” cuando reclamó a la gente con aquel nefasto “el
líder soy yo”, es el fundamento intelectual de Jaua y compañía para
pretender abrogarse un derecho inexistente que terminará seguramente de la
misma manera que la historia refiere al francés sucesor y similares cuyo final
es vastamente conocido.
No hay duda en cuanto a que ni el
preámbulo, ni los principios fundamentales, ni siquiera el título de los
derechos fundamentales de la Constitución Nacional preceptúan “el
derecho a gobernar”; esto es solo una insensatez mas de las tantas a
que ya nos tienen acostumbrados los revolucionarios de este tiempo cuya mentalidad
se ubica siglos atrás. No hay ley – al menos venezolana y vigente - que
consagre gobernar como derecho. Esta afirmación absurda y arbitraria del
diputado Jaua solo puede ser producto de sus fantasías intelectuales y
aspiraciones frustradas de una representatividad popular y eterna; y es precisamente
allí donde radica la preocupación de su planteamiento.
Un pensamiento como este, absolutista,
totalitario y absurdo es en extremo peligroso, porque demuestra la aspiración ilegítima
y revolucionaria de perpetuarse en el ejercicio del poder político en Venezuela
por encima de la ley, el Estado de Derecho y los principios fundamentales de la
democracia institucional y alternativa, desconociendo así los fundamentos de la
república y la mas elemental lógica ciudadanía.
No es poca cosa lo que implica la afirmación
de quien así piensa. La suposición de un “derecho a gobernar” conllevaría
igualmente un planteamiento absolutista y la negación a responder administrativa
y penalmente por su ejercicio incompetente y criminal, o a rendir cuentas de su
gestión a quienes son los verdaderos titulares del derecho, que es no gobernar,
sino ser gobernados bien, lícita, legal y eficientemente.
Elías Jaua y compañía creen, están
persuadidos, que gobernar este país, sus recursos y los ciudadanos que
conformamos la nación venezolana es su derecho, que asumen además exclusivo y
excluyente, una noción estrafalaria de expectativa de derecho con pretensión
absolutista. Esta idealización torcida de la democracia y del sufragio les hace
creer que haber ganado el voto popular alguna vez, haber sido elegidos para un
cargo público y en un período constitucional es un hecho que se transforma
mágicamente en un derecho sempiterno que nadie les puede reclamar; o sea un
burócrata mas que cree que !esto es suyo pues!.
La verdad es que dan pena los disparates y
el desparpajo con que los representantes de la revolución se expresan en estos
días, porque estas muestras de ignorancia, absurdo y desfachatez solo da
dimensión al reto que tenemos los venezolanos de acabar con estos dislates de
quienes así piensan, llamando falazmente “su derecho a gobernar” esto que han
materializado en la destrucción política, económica y social de una nación.
Este dilema reflejado en la triste
expresión del pensamiento del diputado Jaua no es mas que otro elemento de la
larga lista de razones que justifican la urgencia nacional para revocar el
mandato de quienes usurpan la voluntad popular y pretenden trastocar la
constitucionalidad, asumiendo como derecho lo que en realidad es una
responsabilidad por la cual tendrán que rendir cuentas; y la historia recuenta
que tan caro les ha costado a quienes los han precedido en esta afrenta.
José Andrés Ponce
Democracia Integral
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