La Providencia Administrativa Cencoex 011 que intenta concentrar y
monopolizar en la “banca pública” el
financiamiento al consumo lanzando la carnada de financiar el consumo de
venezolanos en el exterior a tasas de cambio privilegiadas y artificiales demuestra
una vez mas que esta revolución no es mas que la degradación de
lo mas negro de la cuarta república que tanto culpa del origen de sus males.
Mas allá de las consideraciones macroeconómicas, cambiarias y
políticas detrás de la medida, el hecho subyacente que la Providencia Cencoex 011
expone es la costumbre enquistada en nuestros gobernantes de utilizar el poder y
la ley como herramienta de control y beneficio de intereses grupales en desprecio
del Estado de Derecho, la justicia, la lógica y los mas elementales principios
de la evolución colectiva integral y progresista que caracteriza a sociedades y
países civilizados.
Esto no es nuevo, lamento reconocer. Todavía está fresca en la
memoria el pregón agorero de la emisión de los “tinoquitos”, unos
billeticos de 1 y 2 bolívares emitidos en 1989 por la desaparición subrepticia de monedas equivalentes ya que debido a la devaluación su valor en
metal fundido era sustancialmente mayor al signo monetario que
representaban, bautizados popularmente en honor al inefable presidente del Banco Central
de la época quien al mismo tiempo despachaba como Presidente del Banco Latino, que
emblemáticamente emergería durante esa gestión como el líder en activos y pasivos
de la banca por obra y gracia de la concentración de poder e influencia y la
ejecución de las peores prácticas de gestión bancaria y financiera que se
habían visto hasta entonces, solapando funciones de regulador y regulado, y cuya
estrepitosa caída un quinquenio mas tarde precipitada por intereses
subyugados por el poder recién inaugurado, nos arrastró a la crisis financiera mas
grande hasta la de hoy, que supera toda la historia pasada y junta, pero que
solo es otro eslabón de la cadena continua y perversa de acceso y abuso de
poder que mantiene a Venezuela como rehén de bandas que se baten electoralmente
por la alforja petrolera sin ningún interés de desarrollar colectivamente la nación
ni fundar una sociedad movida por el Estado de Derecho y que impúdica e
inútilmente dibujan en preciosismos constitucionales que ni esperan ni aspiran
cumplir.
La nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de la Providencia
011 es mas que obvia y será prolija en denuncias, argumentos y recursos jurídicos
en su contra que conoceremos en los próximos días, así como en creativos, falaces
e inapelables “dicta” que colmarán obscenamente una vez mas la paciencia de
cualquiera que sostenga la necesidad perentoria de Estado de Derecho como
oxigeno para el reencuentro social. Aquí señalaremos alguno por divertimento
puro.
El desafuero con que actúan los autores de la Providencia 011,
promovida por el Presidente del BCV y respaldada por un conciliábulo judicial que
siempre cuadra la cosa “para que nunca se equivoquen”, solo
se equipara con la ineptitud confesa al reconocer en ella misma la imprevisión
anual de la cuota y régimen modificado a mitad de camino, que fomentó y validó
la pillería de algunos llamados peyorativamente “raspa-cupos” que simplemente
ejercieron “su derecho anticipadamente” mientras que el grueso fue
despojado de su derecho como consecuencia exclusiva de esa imprevisión de quienes
solo hace días llamaban al país a la paciencia y anunciaban la estabilidad anual
del presupuesto en cuestión, mientras masacran el valor del bolívar y
empobrecen todo con políticas inorgánicas de liquidez cuya culpa pretenden
asignar a quienes simplemente reportan el resultado de su gestión o a quienes
intentan desarrollos productivos para honrar ilusiones y salvar inversiones – a
pesar de ellos.
La Providencia 011 cita en su encabezado el argumento de su propia
ilegalidad, aunque a nadie importe, ya que ni el Numeral 5 del Artículo 6 del
Decreto 903 ni el Artículo 20 del Decreto 601 autorizan al Cencoex a modificar
el concepto del “Operador Cambiario Autorizado” establecido en la Ley de
Régimen Cambiario, cuya definición compete exclusivamente al Banco Central de
Venezuela. En un país donde existe el imperio de la ley, esto sería relevante;
aquí, un simple detalle formal.
Además, la Providencia 011 concentra monopólica y cartelizadamente
en la “Banca Pública” todo el sistema de financiamiento al consumo de
viajeros en el exterior a través de tarjetas de crédito y a tasas de cambio preferenciales,
lo cual además de ser aburridamente inconstitucional e ilegal es sencillamente
imposible de ejecutar por una banca que ni siquiera ha podido atraer para sí en
libre competencia el financiamiento del consumo de quienes son afines al
régimen.
Es fácil y triste predecir el fracaso de esta medida ante la
imposibilidad técnica financiera y humana de la banca pública para satisfacer
la totalidad del mercado, lo cual hace igualmente predecible el surgimiento de nuevos
peajes, manejos, cortapisas y tráfico de influencias que tanto atraen a esta
revolución y se harán obvias a través de los reclamos de aquellos que serán excluidos
del crédito cartelizado y monopólico bajo el subterfugio de no haber llenado
los requisitos mínimos para la concesión del crédito al consumo y la emisión del
plástico que además está escaso, a pesar de que la banca privada ya ha
considerado estos usuarios como riesgo viable por haberles concedido el mismo
crédito al mismo consumo bajo el régimen vigente hasta hoy.
La banca - pública o privada - presta un servicio público de
interés general, de orden público y sometido a un régimen de seguimiento y
controles que se supone de estricto cumplimiento y reglas precisas; y sus fines
son mucho mas elevados que la torcedura de muñeca que plantea el modelo fallido
del plan de la patria. La Ley de Régimen Cambiario establece en su Artículo 2 lo que debe entenderse por Operador Cambiario. La Providencia 011 utiliza ilegalmente
la figura del Operador Cambiario Autorizado – limitándolo a la llamada banca
pública y excluyendo a la banca privada en contradicción al artículo 10 de la
misma ley, con el fin burdo y evidente de controlar y concentrar el
financiamiento al consumo de los venezolanos forzando amañadamente el control y
financiamiento de sus consumos en el exterior aún cuando Cencoex no tiene la competencia
para crear tal división y de tenerla lo haría contraviniendo la ley que la
regula y en definitiva lo haría a través de prácticas prohibidas para excluir competidores
y consumidores del régimen que ahora aspiran administrar con la poca
transparencia que caracteriza a este gobierno, en franca contradicción a los
principios constitucionales que repudian los monopolios, la cartelización y
demás prácticas para limitar los derechos de los consumidores y restringir la
oferta de servicios.
La Ley de Costos y Precios Justos que este gobierno se dio a si
mismo para acorralar al empresariado es un callejón sin salida que también
obliga a las personas de derecho público y faculta a la temible SUNDDE para
literalmente atacar los efectos nocivos
y restrictivos derivados de las prácticas monopólicas y de cartelización, así
como defender, salvaguardar y proteger los derechos e intereses individuales,
colectivos y difusos en el acceso de las personas a los bienes y servicios para
la satisfacción de sus necesidades.
Pero Merentes hoy, como su antecesor, tiene la intención clara de
abusar de todo el poder que la impunidad del régimen le permita para masacrar
el sistema financiero privado que “no trae sus propios dólares” como
algunas veces ha hecho público, destruyendo inorgánicamente el valor del
bolívar y lanzando un misil jurídico para destruir ilegítimamente a la banca
privada como forma de dominar el mercado con atajos y cortapisas como él solo
conoce, con la triste, histórica y predecible consecuencia de encontrarse una
vez mas con su estrepitoso fracaso como regulador, para el deleite de nuevos ricos
y enchufados, dejando atrás cual banquero prófugo una estela de usuarios cuyo
empobrecimiento sin causa los hará acreedores de una deuda que ni crearon ni
merecen.
Hubiera sido mucho mas simple eliminar hace tiempo este régimen
cambiario subsidiado y sabrosón, el viajero y todos los demás, pero estos
burócratas acostumbrados a prácticas ocultas y poco transparentes, amparados en
la impunidad que el poder ofrece, le han sacado mucho y además no pueden actuar
distinto. Como el alacrán, esa es su naturaleza.
El problema es que los consumidores acostumbrados al oportunismo
de la cuarta y la quinta ya corren y hacen cola para llenar sus planillas en el
Bicentenario, Tesoro, Industrial y Venezuela para que le den lo suyo, sin darse
cuenta que al hacerlo dejaron la cola del supermercado para conseguir los
productos de la cesta básica que al ministro de adscripción se le podría
ocurrir concentrar su venta en la red pública de farmacias y supermercados.
¿Se imaginan? ¡Así estamos!
José Andrés Ponce
Democracia Integral
http://www.democraciaintegral.blogspot.com
democraciatuya@gmail.com
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