Uno
no sabe si es incompetencia o complicidad, pero es impresionante ver, oír y
leer prácticamente en todos los Medios nacionales las declaraciones de agentes
del gobierno y personeros del sector privado que dan cuenta de los abusos
cometidos durante la gestión del SITME, sin que el Ministerio Público haya
hecho siquiera una declaración de inicio de averiguaciones al respecto.
La
Ley de Ilícitos Cambiarios establece expresamente que “Artículo 10. Quien obtenga divisas, mediante
engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento,
será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble del equivalente
en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta
o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela.”
Técnicamente, la Ley de Ilícitos
Cambiarios obliga prácticamente a todos los ciudadanos a asistir al Ministerio
Público en el proceso de investigación y averiguación pertinente, incluyendo
las instituciones financieras y los órganos regulatorios de dicha actividad.
Si las afirmaciones hechas en cuanto a que
alrededor de 60 mil millones de dólares fueron entregados a particulares a
través del mecanismo SITME son ciertas, entonces es extremadamente sencillo saber quien usó y quien
abusó del mecanismo y determinar las responsabilidades civiles y penales
correspondientes.
De acuerdo a las reglas del SITME, todas
las Instituciones Financieras tienen, o deben tener en su poder y archivo las
“Declaraciones Juradas” de los solicitantes de divisas vía SITME, en la cual,
como exige la norma, se debía indicar con precisión el motivo de la solicitud,
incluyendo el Código Arancelario correspondiente a los productos a importar y
los datos de la cuenta en el exterior donde depositar los fondos una vez
transados los instrumentos financieros correspondientes.
Asimismo, toda importación requiere una
Declaración de Aduanas donde el importador declara al SENIAT el monto – en
divisas - de los bienes importados y sus códigos, al momento que paga los
derechos de importación para la nacionalización de las mercancías.
Es decir, el Ministerio Público, con solo
cruzar la información que la Banca está obligada a proveer en detalle con la
información de las importaciones realizadas a través del SIBONEA del SENIAT,
puede determinar - SIN LUGAR A DUDAS - cual es el saldo de dólares SITME
pendiente por importar y los datos exactos de los beneficiarios que se hayan
hecho de los SITMEdólares posiblemente para desviarlos al mercado paralelo o comercializarlos en un mejor momento, con
ganancias extraordinarias y en violación expresa de la norma penal citada.
Así pues, con solo llamar a los
importadores para que suministren la información que demuestre la realización
de la importación o la falta de ella, solicitando un Estado de Cuenta al
beneficiario SITME que demuestre que las divisas otorgadas se usaron para pagar
al proveedor o se mantienen en su poder y no han sido utilizadas para otro fin
distinto al de la declaración jurada, el Estado Venezolano puede perfectamente
exigir que se cumpla con la normativa, o que se devuelvan las divisas no
utilizadas.
Si por cualquier motivo el particular beneficiario
SITME no puede demostrar que efectuó las importaciones de acuerdo al juramento
o que mantiene el saldo en cuenta, tendrá que enfrentar las consecuencias del
porqué dispuso de dichas divisas contrario a lo jurado y en violación a la Ley
de Ilícitos Cambiarios y en consecuencia asumir todas las consecuencias de la
ley.
¿Por qué el Ministerio Público no ha
anunciado actuaciones en tal sentido? ¿Por qué acusar de primeras a empresarios
que usaron el mecanismo conforme a la Ley y que no tendrían nada que temer ni
ocultar en caso de requerírsele la información? ¿Qué hay detrás del SITME que
Nelson Merentes ofreció como “el mecanismo” que duraría 50 años y ahora lo
cancela abruptamente y por debajo de la mesa, sin que haya responsables,
empezando por él, de su fracaso? ¿Qué va a encontrar el Ministerio Público en
cuanto a solicitantes SITME que no podrán demostrar haber hecho uso adecuado de
las divisas otorgadas a través del mecanismo?
Hay mucha falsedad e hipocresía con este tema
y mientras Nelson Merentes y Jorge Giordani acusan a importadores legítimos que
en sus necesidades comerciales utilizaron el mecanismo de haberlo hecho
malamente, la verdadera posibilidad es que hayan muchos innombrables – amigos del régimen y no
tanto - que sorprenderían a propios o extraños que se han podido hacer de
extraordinarias ganancias al comercializar en el “mercado paralelo” las divisas
obtenidas a través del SITME con ganancias exorbitantes e injustas y que hoy
estamos pagando todos los venezolanos con el inmenso desabastecimiento que
estamos viviendo en el país.
La pregunta como siempre es si la voluntad
del Ministerio Público está en hacer justicia o en hacerle comparsa a un gobierno que todo lo politiza e ideologiza y que con su conducta lo único que promueve
es el fraude en cualquier mecanismo de control que se pretenda imponer, porque
a estos delincuentes inmorales de cuello blanco los protege, queriéndolo o no, la complicidad de
quienes idearon el mecanismo y lo administraron malamente, lo que les garantiza
impunidad.
Veremos…
José Andrés Ponce
Democracia Integral
http://www.democraciaintegral.blogspot.com
democraciatuya@gmail.com
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