“El orden justo de la sociedad y del Estado
es una tarea principal de la
política.
Un Estado que no se rigiera según
la justicia
se reduciría a una gran banda de
ladrones,
dijo una vez Agustín”
(Benedicto XVI, en “Dios es
Amor”, No. 28)
Las
declaraciones de Tibisay Lucena transmitidas en Cadena Nacional el pasado Sábado
27 de abril negando las peticiones y alcances del reconteo - la auditoría solicitada
por la MUD - confirman el fraude electoral denunciado por Henrique Capriles y
la intención totalitaria de un régimen que pretende hacer equilibrio sobre una
cuerda demasiado floja en la que se sostiene la mentira de una victoria
electoral pírrica que ilegitima la democracia, masacra el principio de la legalidad
y hasta cuestiona la pretensión de aplicar una justicia pacífica.
Haciendo
honor a la infausta frase de que “para mis amigos todo, para mis enemigos la
ley”, el CNE deja ver que aunque las solicitudes de Capriles puedan ser
justas, viables, lícitas, morales incluso convenientes y democráticas, ellas
son imposibles de aprobar ya que según Lucena no están previstas en el
ordenamiento jurídico. Mas patético aún es que según Tibisay las denuncias
presentadas por Capriles sobre las irregularidades en el proceso son ciertas,
pero el CNE no las puede investigar porque las imágenes son borrosas, o las
mesas están mal identificadas o…. bueno, cualquier excusa es buena para apartar
la nariz de la cacerola podrida en que evidentemente se han montado los
herederos políticos del Comandante.
Y lo
peor de todo es que lo dicho en la cadena nacional citada no es cierto… y
Tibisay Lucena lo sabe, o al menos debería saberlo.
En el
artículo 293 de la Constitución Nacional se ordena y faculta al CNE a “… reglamentar las leyes electorales y resolver
las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan” (el subrayado es
nuestro) en aras de la obligación constitucional de garantizar “…la igualdad, confiabilidad,
imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales…”.
En el
artículo 156 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) se establece
expresamente que las auditorías son “…
la verificación de TODOS aquellos recursos materiales, tecnológicos y
datos utilizados en la ejecución de las distintas fases del proceso electoral,
para que estos garanticen la transparencia y confiabilidad de dicho proceso.
Las auditorías podrán aplicarse al conjunto o algunas de las fases del proceso
electoral.” (el subrayado y las mayúsculas nuestro). Y es por ello que la
LOPE ordena el archivo de todo el material hasta seis (6) meses después del
evento electoral. Luego, el artículo 162 señala que la “… verificación ciudadana del cierre de la votación, se efectuará
mediante la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos
contenidos exclusivamente en el acta del acto de votación elaborada por los
miembros de mesa.
Para
el mas lerdo de los juristas debería ser mas que obvio que una cosa es la auditoría
electoral, que se puede realizar en cualquier momento incluso al paso de la
verificación ciudadana que a posteriori ha sido acordada por el CNE, y otra la verificación
ciudadana per se, que solo se produce
al cierre del proceso de votación. El hecho de que la LOPE no señale plazos,
formas ni modos para la realización de las auditorías implica claramente que la
función constitucional señalada puede ser satisfecha por el CNE a petición de
partes con plena libertad de formas, mientras no haya impugnación a los
procesos, que es exactamente lo que Capriles solicitó en tiempo hábil y ha sido
negado impunemente. De hecho, el caso tiene precedentes y se fundamenta en
hechos notorios y comunicacionales encabezados en otrora miembros del CNE y que
hoy ostentan cargos de beligerancia en comandos de campaña del régimen.
Es
mas, si el deber fundamental del CNE es garantizar la transparencia del proceso
electoral, resguardar la soberanía popular y legitimar a los elegidos y con
ello a la democracia, no existe ninguna razón o impedimento para ordenar la
auditoría al material electoral (cuadernos, capta huellas, etc…) al tiempo de
realizar la verificación ciudadana al saldo de las mesas no auditadas, ya que
solo así se contribuye a disipar las dudas y validar un proceso que luce velado
por la manipulaciones y el fraude.
Mas
aún, la “verificación ciudadana” no requiere la presencia de técnicos
electorales de ninguna especie pues ella solo está llamada a ser una
verificación, no una auditoría. Por eso mismo, la intención de convalidar el
fraude se prueba a si misma en los hechos cuando Tibisay ordena la verificación
con auditores con lo que aspira hacer creer que se realizará una auditoría - “chucuta”
- para pintar de legítimo lo que a leguas no es mas que una fachada.
Lo
que está haciendo el CNE es la burda aplicación de tácticas de distracción, dilatorias
y resistencia pasiva que los abogados estamos acostumbrados a reconocer cuando
la contraparte intenta evadir su responsabilidad escudándose en subterfugios
disque legales y dificultando la realización de la justicia cuando se sienten
perdidos o están a la sombra y al margen de la ley, aspirando que el tiempo
haga fútil el esfuerzo del contrario para lograr el sentido de la justicia - en
este caso electoral - que reclama mas del 50% del país que encarna Capriles.
Pero el CNE no es un beligerante sino un Poder del Estado y sus triquiñuelas no
deberían ser tan burdas y obvias como los chantajes que hemos vistos a partir
del 14-A en manos, voz y acciones de personeros y funcionarios del gobierno.
Se
equivoca Lucena y quienes usurpan el poder constituido utilizando el chantaje,
la coerción, la amenaza y la persecución para acallar la voluntad popular creyendo
que al actuar así lograrán fraguar la paz social que se requiere para darle legitimidad
a la tiranía, sin darse cuenta que esta realidad actual no tiene nada que ver
con las obsoletas acusaciones a la IV ni con la retórica aburrida de abril del
2002, sino con una mayoría construida sobre el fracaso de la revolución y al
pulso del deseo del progreso y la libertad conculcados por un grupete que
avanza a pasos agigantados en la destrucción de una memoria revolucionaria que han
convertido en un mal sueño del que la mayoría de venezolanos quiere despertar.
Democracia
Integral
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